En las principales compañías fotovoltaicas, no se cansan de hacer números. Y las cuentas no salen. Si el Gobierno, como parece, saca adelante la nueva normativa que regula las primas que recibe este sector, morirá de muerte súbita. El Gobierno quiere reducir drásticamente (35%) las primas. Además, quiere establecer un cupo anual muy restrictivo en el número de instalaciones que se pueden poner en España: 300 megavatios (MW) como tope.

Todos reconocen que el sector fotovoltaico en España se ha desbocado en los últimos doce meses. Con la nueva normativa, el Gobierno quiere ponerle riendas, para evitar la especulación y, sobre todo, que se dispare el volumen de primas multimillonarias  que se concede a la industria, y que se cargan a la factura de la luz que pagan todos los españoles.

De seguir al ritmo actual de instalaciones (mil MW al año), las primas pasarían de los 800 millones de euros anuales a 1.330 millones el próximo año. Aunque las asociaciones están dispuestas a asumir una desaceleración, consideran que el Ministerio de Industria, a cuyo cargo está ahora Miguel Sebastián, “se ha pasado de frenada”. En grupos como Ingeteam, como premonición del nuevo escenario, ya han empezado las reducciones de empleo, con la no renovación a 114 de sus 400 empleados.

La Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), nueva agrupación que reúne a grupos como Isofotón, Siliken y T-Solar, entre otros, ha iniciado una carrera contrarreloj de movilizaciones institucionales para intentar hacer recapacitar al Gobierno. La Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif), también. La Comisión Nacional de la Energía (CNE), que tiene consejo hoy, ha decidido dejar para la reunión de la próxima semana el análisis del borrador de la nueva normativa.

La CNE, que ya se pronunció en su día a favor de no provocar un parón drástico del sector, puede volver a pronunciarse en ese sentido. Su voz puede ser oída, aunque  posiblemente, no escuchada. Asociaciones como la AEF proponen que se permitan 800 MW al año y que existan primas hasta 2015, año en el que prevé que la energía fotovoltaica será competitiva.

Asociación valenciana
Por su parte, la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaesen), que agrupa a cerca de un centenar de ingenierías, promotores y propietarios de instalaciones renovables, se sumó ayer a las críticas a las reducciones contempladas por la nueva normativa, informa Ángel Carlos Álvarez.

Su presidente, Bernardino Casado, aseguró que “entendemos que no ha habido una negociación y una comunicación correcta por parte de algunas asociaciones como Asif”. Para Casado, “la limitación de potencia a 300 MW es el RIP del sector”.